El Tribunal Constitucional avala que se pueda despedir a trabajadoras y trabajadores si
faltan al trabajo más de una quinta parte de los días laborables en dos meses, aún
siendo justificadas.
El pasado 30 de octubre, el Tribunal Constitucional sentenció la adecuación a la legalidad
de una medida que supone un nuevo paso atrás en derechos laborales: se puede despedir
a una trabajadora o a un trabajador que falte más del 20% de los días laborables en dos
meses, aunque esas bajas estén justificadas. Razonan esta medida por la “libertad de
empresa y la defensa de la productividad”, anteponiendo estos criterios a la salud de las y
los trabajadores.
Esta sentencia viene en respuesta a una cuestión planteada por un juzgado barcelonés en
relación al artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, que ha sido modificado por las
dos últimas reformas laborales, tanto la de 2010 con el gobierno del PSOE, como la de
2012 con el gobierno del PP. Estos cambios iban encaminados, según los anteriores
gobiernos, a frenar el absentismo laboral, pero como vemos el efecto último es un
recorte brutal en los derechos laborales que nos retrotrae a principios del siglo XX
cuando no a finales del XIX.
Estamos hablando que, por faltar, por ejemplo, 9 días laborables en el período de dos
meses (incluso de manera justificada) el despido es procedente según el Tribunal
Constitucional. Esto no hace más que añadir aún más descrédito a las instituciones
judiciales que, sentencia tras sentencia, no hacen sino corroborar su más absoluta
obediencia a los intereses económicos neoliberales que nos gobiernan, poniendo como
objetivo fundamental y sacrosanto los beneficios empresariales, por encima incluso de los
derechos más fundamentales.
De un tiempo a esta parte, vemos como los recortes de derechos son cada día más
evidentes, ya sea en el plano social, económico, ambiental o laboral como es este caso.
Desde la Confederación Intersindical nos oponemos frontalmente al recorte de
todo tipo de derechos y creemos que es necesaria la movilización de las y los
trabajadores en todos los centros de trabajo del Estado para revertir esta
situación y exigimos al previsible nuevo gobierno que tome las medidas
legislativas necesarias para acabar con este atropello. Las reformas laborales de
2010 y 2012 deben ser derogadas y debemos avanzar en el camino de la mejora en
derechos y no por el retroceso por el que se apuesta desde las diferentes administraciones.