Contra la violencia institucional: JUSTICIA para todas

A lo largo de 2017 van 46 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y como dicen las noticias sobre estos asesinatos, en muchos casos no se habían producido denuncias previas. Vamos a analizar esta afirmación, cuando se insiste en que no se habían puesto denuncias previas… ¿se quiere decir que la mujer no había sufrido violencia hasta ese momento? ¿acaso este hecho nos lava la conciencia y nos hace sentirnos menos culpables de la indefensión que sufren las mujeres víctimas de violencia de género? Ante el repunte de los asesinatos de mujeres, se crean comisiones para determinar las causas de estos asesinatos, ¿de verdad necesitamos analizar y nombrar comisiones para determinar por qué los hombre asesinan a las mujeres que son o han sido sus compañeras? No es necesario hacer sesudos estudios para entender que el origen de estos asesinatos está en el patriarcado y en el concepto de posesión que muchos hombres tienen de las mujeres.

Vamos un poco más allá: ¿pretendemos que mujeres que viven en un entorno de violencia denuncien a su maltratador cuando este hecho les va a suponer dejar en manos de esta persona a sus hijas e hijos? Teniendo en cuenta que, en lo que va de año, han sido asesinados por sus padres, durante el régimen de visitas impuesto por los tribunales, 11 niñas y niños, podemos preguntarnos qué madre va a separarse de su pareja si sabe que eso va a suponer dejar a sus criaturas en manos de un maltratador y también sabe que aquel puede llevar a cabo ciertas amenazas, en muchos casos repetidas a lo largo de años de sufrimiento, advertencias del tipo: “como me dejes, atente a las consecuencias, no volverás a ver a tus hijos e hijas”. La madre sabe que, por lo menos estando ella delante, puede evitar que ese maltratador ejecute dichas amenazas.

El Gobierno y colateralmente la Justicia, no establecen las medidas necesarias para su protección, ya que cuando mujeres como María, Juana, Susana… y muchas más han dado un paso al frente, abandonando a su maltratador, se han encontrado con un poder judicial que no cumple con la legislación vigente, pues no olvidemos que no son aquellas quienes incumplen las leyes, sino que lo hacen esos jueces y juezas que no tienen en cuenta la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que en su Artículo 65 –De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores.- y en el Artículo 66. –De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores, que dictaminan la supresión de la patria potestad, la custodia o la supresión del régimen de visitas y en ellas se recoge textualmente: “adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.” Las mujeres se revelan ante sentencias contrarias a esta ley por razones obvias, supone dejar a sus criaturas en manos de un maltratador.

Hace falta formación específica y una especial sensibilización sobre el tema para todas las personas que tienen que trabajar con mujeres que sufren violencia machista, no sólo en el Poder Judicial (judicatura, fiscalía, abogacía…) sino también entre las trabajadoras sociales y personal médico, de los cuerpos de seguridad y todas las personas implicadas en la aplicación de medidas integrales contra la violencia hacia las mujeres. Porque que se sientan protegidas y cómodas es fundamental.

Se ha aprobado el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, pero a pesar de la alegría inicial de las asociaciones feministas, no deja de ser un “consenso de mínimos” y aunque ha habido unanimidad entre todos los grupos parlamentarios, este documento tiene más de informe que de pacto y quedan muchos interrogantes sobre cuestiones clave que han quedado fuera.

Esperamos que el citado Pacto no quede en mera declaración de intenciones y que en el seguimiento del mismo no se deje fuera a las organizaciones de mujeres y feministas. Esperamos también que las partidas presupuestarias sean suficientes y que se incluyan todos los supuestos de violencia machistas contemplados en el Convenio de Estambul.

Falta que la erradicación de las violencias contra las mujeres sea prioritario en las agendas políticas, solo así será posible su eliminación.

Es el propio Estado y sus instituciones quien falla en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, no las propias mujeres.