Luis Ocampo y el consejero Antonio Sáez a la izquierda de la imagen. Foto: ultimoCero
El consejero de Sanidad se compromete a «no cambiar el modelo» ni «hacer operaciones como las de Madrid»
Sáez Aguado, tras rechazar que las Unidades de Gestión Clínica sean «una forma de privatizar» asegura: «Quienes creemos en la sanidad pública debemos demostrar que se puede mejorar para que sea más eficiente»
últimoCero. Valladolid.- Jueves, 12 de Diciembre de 2013
Hay afirmaciones que hechas en público se convierten en un cheque al portador para quien las escucha. Si quien las pronuncia es un político son un compromiso que los ciudadanos deberían exigir cumplir sin ni siquiera esperar a que se abrieran las urnas. Y esta tarde el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha pronunciado unas cuantas en la charla debate organizada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que se ha celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Medicina.
«No vamos a cambiar el modelo». «No haremos operaciones como las que se han llevado a cabo en Madrid» o «las Unidades de Gestión Clínica no son una forma de privatizar» fueron sólo algunas de las sentencias del consejero para defender la implantación de las citadas Unidades de Gestión y la integración de las actuales dos áreas de salud en que se divide la provincia de Valladolid en una sola. «Quienes creemos en la sanidad pública debemos demostrar que puede mejorar para ser más eficiente», llegó a asegurar en un discurso que poco o nada tiene que ver con lo que compañeros de su partido han llevado a la práctica en otras comunidades autónomas.
Sáez, que aseguró que se necesita «una sanidad pública más eficiente», enmarcó la implantación de las Unidades de Gestión Clínica en un intento de hacer «una gestión más horizontal de la sanidad», ya que hasta ahora, las medidas adoptadas (no pronunció la palabra recorte) «han afectado más a los profesionales del sistema que a los pacientes».
En cuanto al área única, Sáez redujo su trascendencia a una mera «integración progresiva» de los dos hospitales de Valladolid para «convertir dos centros medianos en un uno grande».
La intervención del consejero tuvo su réplica por parte del portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, Luis Ocampo, quien calificó de «sinceras» las afirmaciones del consejero, a pesar de entender que «las cosas en Castilla y León», a la vista del borrador de decreto que regulará las Unidades de Gestión Clínica, «no van en esa dirección«.
Tras dejar claro (con datos recopilados de distintas fuentes) que «la gestión privada encarece los servicios sanitarios«, Ocampo criticó duramente el procedimiento elegido para proceder a implantar las cuestionadas Unidades: «Un proceso vertical, confuso, lleno de contradicciones y sin una evaluación explícita que lo justifique».
«Una cosa es la gestión clínica y otra muy distinta las Unidades de Gestión Clínica, cuyo único objetivo es el ahorro y la precarización de las actuales condiciones laborales del personal sanitario«, apuntó Ocampo, que razonó que «como el principal incentivo de los profesionales para participar en estas Unidades es el económico y éste sólo se alcanza si se consiguen determinados niveles de reducción de costes, se crea un evidente conflicto deontológico entre los profesionales». ¿Menos recetas, menos pruebas diagnósticas, menos tiritas o jeringuillas con tal de recibir un ingreso extra a fin de año? Fue la la pregunta que no llegó a plantearse abiertamente aunque subyacía en el ambiente.
El debate posterior a las intervenciones de Sáez y Ocampo, moderado por el director del hospital Clínico José Eirós, se centró, básicamente, en temas laborales referidos a si los profesionales que decidan participar en las Unidades de Gestión Clínica perderán o no su condición de estatutarios o de quién será el encargado de nombrar a sus directores y si estos tendrán capacidad para contratar de forma autónoma a profesionales. Para el consejero, todo está claro en el proyecto de decreto. Para Ocampo, casi todo está por aclarar en el mismo.
Sí que se plantearon, al margen de unidades y áreas, dos cuestiones concretas que afectan a los pacientes. La exclusión de medicamentos y la atención a inmigrantes sin tarjeta sanitaria.
Sobre la primera cuestión, el consejero no tuvo reparo en cuestionar el criterio de su partido al establecer los tramos de renta que deben pagar. En su opinión, entre 18.000 € de ingresos anuales y 100.000 € «deberían establecerse al menos tres tramos diferenciados» para que paguen más por los medicamentos los que más ingresos tienen.
Sobre la segunda cuestión, referida a la atención de inmigrantes sin papeles, aseguró que no se han detectado problemas y que se siguen atendiendo con normalidad. En este punto, Ocampo, médico de atención primaria, le recordó que en los centros de salud hay carteles que avisan a esos inmigrantes de que no serán atendidos.
